Por: Jorge Fernández Menéndez
Este texto me parece más actual que nunca:
En una declaración políticamente incorrecta y posiblemente
mal planteada, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que las
instituciones de derechos humanos deben evitar ser “los tontos útiles” de las
organizaciones criminales en su lucha contra el Estado mexicano. Y como debe
ser, las buenas conciencias han tundido al funcionario, y se ha llegado a decir
que, en realidad, lo que se busca es acabar con las comisiones de derechos
humanos u ocultar crímenes cometidos por el gobierno en la batalla contra el
narcotráfico.
En una declaración políticamente incorrecta y posiblemente
mal planteada, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que las
instituciones de derechos humanos deben evitar ser “los tontos útiles” de las
organizaciones criminales en su lucha contra el Estado mexicano. Y como debe
ser, las buenas conciencias han tundido al funcionario, y se ha llegado a decir
que, en realidad, lo que se busca es acabar con las comisiones de derechos
humanos u ocultar crímenes cometidos por el gobierno en la batalla contra el
narcotráfico.
No sé cuál fue la intención de Gómez Mont con su
declaración, pero aunque estuviera mal planteada o colocada fuera de contexto,
aunque sea políticamente incorrecto o no guste, lo que dice el secretario de
Gobernación tiene una parte importante de verdad. Entre las comisiones de
derechos humanos, la nacional y las estatales, hay de todo: buenos, malos y
feos. Y entre los organismos independientes de derechos humanos también,
algunos con una legitimidad indudable, otros creados por los propios
delincuentes como un instrumento más en su lucha contra las fuerzas de
seguridad.
No es una suposición. En el libro De los Maras a los
Zetas (Grijalvo, 2006), que escribimos junto con Víctor Ronquillo, y en
este espacio, hemos divulgado algunas de las cartas que enviaba desde la
prisión a sus colaboradores Osiel Cárdenas, entonces jefe del cártel del Golfo.
Ahí Osiel le pide a su gente, estamos hablando del 2005, que consigan un
militar retirado que sea abogado para trabajar en el despacho que llevaba su
defensa, que no tuviera contacto con los internos pero si se ocupara de los
escritos y documentos, sobre todo de violaciones a las leyes en sus
detenciones. Más adelante, en el mismo texto, Osiel pide que se consigan “todos
los libros, manuales, leyes, derechos humanos, servicios militares y sacarles
copias como prueba documental, obren en autos, no se pierde nada, al contrario
sirve para atraer con sus mismas leyes P30, legislación militar, etc. La
mayoría de todos hemos sido detenidos por militares”. E inmediatamente después,
Osiel pide “solicitar los folletos de derechos humanos internacional” y
“solicitar los trípticos de derechos humanos en México”. Después de que se
enviaron aquellas cartas, la gente de Osiel creó una organización de defensa de
derechos humanos para sus presos, que incluso, como se recordará, realizó una
marcha y manifestaciones en Nuevo Laredo pero también en la ciudad de México. Y
el propio Osiel, en un hecho inédito, llamó desde el penal de La Palma al
noticiero de Carlos Loret de Mola para exigir que se respetaran sus derechos
humanos. El tema siguió vigente pero con variantes porque a Osiel no le gustó
que colocaran a su esposa y otros familiares de líderes del cártel al
frente de esa organización. Dicen que por ello ordenó el asesinato de uno de
sus abogados defensores.
Pero la estrategia se mantuvo. Hace un año fue detenido en
Morelia uno de los jefes del cártel de la Familia, Rafael Cedeño. Este hombre
que se ostentaba, incluyendo documentación y credencial, como visitador de la
comisión de derechos humanos del estado de Michoacán, manejaba también
albergues para adictos, pagaba desplegados y encabezó marchas en contra de la
intervención del gobierno y sobre todo de los militares en el estado,
denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometían con ello.
Con su detención la sorpresa fue que Cedeño era de los jefes de la Familia,
encargado de adoctrinar y preparar a miles de jóvenes, incluyendo los que se entrenaban
como sicarios.
Insisto, ello no quiere deslegitimar la labor de muchas
instituciones, públicas o privadas, en este ámbito, pero la penetración del
crimen organizado, directo o indirecto, en muchas otras, es una realidad tan
evidente como la que penetración que tienen en las fuerzas de seguridad, en
gobiernos, en los partidos o en medios de comunicación. Ahí están.
Es una percepción equivocada, pero la gente sigue pensando
que las comisiones apoyan más a los delincuentes que a las víctimas, que fueron
creadas para la defensa de los derechos de los primeros y no de los segundos.
Las fuerzas de seguridad en muchas ocasiones se equivocan y han querido ocultar
o modificar hechos muy controvertidos. Las comisiones de derechos humanos están
para revisar, denunciar y corregir esos excesos. No sólo deberían tener menos
atribuciones sino se le deberían ampliar las mismas, pero también se tiene que
modificar su composición, la forma en que se eligen a sus miembros y sus
parámetros de operación. La gente debe percibir como suyas las comisiones. Y
las organizaciones de derechos humanos que tienen un interés legítimo en el
tema deberían desbrozar un terreno que hoy parece tan contaminado como muchos
otros del escenario político nacional.
