La columna de hoy de Jorge Fernández Menéndez
La agenda legislativa ha quedado marcada por la dinámica de los partidos, que tienen la mira ya puesta en los prolegómenos de 2012 (¿qué mejor demostración de ello que el quinto informe de Peña Nieto?), y por la insistencia presidencial en el decálogo que presentó hace un año y que el pasado jueves volvió a presentar insistiendo en que sacar adelante esos puntos requiere unidad y una visión de Estado que trascienda, precisamente, ese sentimiento preelectoral que está dominando la vida política.
El mensaje presidencial es una demostración de que Felipe Calderón no se resignará a administrar los dos años que le quedan de mandato. Y esa es una buena noticia, se esté o no de acuerdo con los objetivos presidenciales. Otra cosa es saber si podrá sacar adelante los mismos. Y en ese sentido lo más probable es que habrá avances a medias, tanto por la lentitud gubernamental para operar en muchos puntos de su agenda, como por la pobre disposición de los partidos para darle apoyo y sacarla adelante.
Los puntos fundamentales siguen siendo la economía, en su sentido más amplio, y la seguridad. De ésta ya hemos hablado en muchas oportunidades. Nada importa más que la conformación de policías únicas, sacar adelante una Ley de Seguridad Nacional que sea muy diferente a la aprobada en el Senado y una antisecuestros que permita combatir con eficiencia ese delito.
En el ámbito económico, lo que puede salir adelante es una reforma laboral a medias. Resulta evidente que la Ley Federal del Trabajo ya está rebasada: ni sirve ni alcanza. La crisis de Mexicana es una buena demostración de ello: los trabajadores no son los responsables del derrumbe de la aerolínea, lo fue una mala administración y empresarios que no quisieron seguir invirtiendo en su empresa, pero el costo de los contratos colectivos presionó en ese sentido y los trabajadores han debido asumir que deben modificar los contratos y su forma de participar en la empresa, si quieren salvarla. Sin ello no habrá nuevos inversionistas.
La reforma laboral no tiene por qué acabar con los sindicatos, pero en todo el mundo la flexibilización se ha tornado imprescindible para crear y salvaguardar fuentes de empleo: mantener un marco legal que permita tener sindicatos fuertes y en muchas ocasiones con líderes ricos pero que agrupan cada vez a menos trabajadores (¿qué mejor ejemplo que los mineros y el SME?) y que, por su propia cerrazón, dejan en peores condiciones a los millones que deben encontrar un espacio en el mercado laboral, es un mal negocio para casi todos. El PRI lo sabe. Habrá que ver cómo actúa: si decide allanarse a sí mismo el camino o decide actuar como en 2004 y 2005 con la reforma fiscal y pegarse un tiro en un pie.
El tema fiscal será el otro al que habrá que ponerle atención. Las cifras macroeconómicas del país están bien y no se advierten desequilibrios. Pero siempre que se dice eso se responde que esa estabilidad macro no se refleja en crecimiento y es verdad. Sin embargo, no hay crecimiento porque el principal lastre de la economía es que no se recauda lo suficiente para impulsarlo. Como porcentaje del PIB recaudamos menos de la mitad que Brasil o Chile y bastante menos que Argentina. La mayoría de los países de la OCDE hasta triplican nuestro porcentaje de recaudación y cada vez más se trabaja sobre los dos o tres millones de causantes cautivos de un universo de más de 30 millones de causantes potenciales. Dicen los legisladores del PRI y los del PRD que bajarán el IVA de 16 a 15 por ciento. Es una medida que fiscalmente no aporta nada. La salida en una economía como la nuestra está más que demostrado que es establecer una tasa generalizada de IVA y reducir el ISR, en un marco de extrema simplificación fiscal, para ampliar el universo de causantes. No lo van a hacer los legisladores porque no van a asumir costos y porque denunciar el IVA ha resultado demagógicamente popular. No se atreverán a cambiar todo, pero tampoco a aplicar correcciones en un modelo fiscal que ya no alcanza para crecer.
