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martes, 8 de marzo de 2011

Pejistas tras el proceso a Presunto Culpable





De abogados obradoristas, el freno a Presunto Culpable


Dios los hace...


La nota es de Crónica:


Algunos de los abogados que lograron la suspensión provisional en contra del documental Presunto Culpable pertenecen al movimiento del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Participaron en la defensa del perredista durante su proceso de desafuero y se involucraron jurídicamente en la llegada de Rafael Acosta, Juanito, a la jefatura de la delegación Iztapalapa.

La organización a la que pertenecen participa en la credencialización de los adeptos al "gobierno legítimo" de López Obrador en varios estados.

Uno de los abogados, Eduardo Arturo Hernández Hernández, es coordinador de la agrupación política nacional Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (APIMAC) que cuenta con registro del IFE, y pertenece al Partido Constitucionalista de México, fundado apenas el pasado 20 de noviembre por seguidores de López Obrador.

Los litigantes son expertos en amparos relacionados con causas políticas y sociales. En el 2007 lograron un amparo en contra del Senado relacionado con las reformas a la Ley del ISSSTE, y apenas hace dos semanas lograron que se admitiera a revisión uno en contra del presidente Felipe Calderón y otras autoridades, por permitir un salario mínimo insuficiente y provocar carestía.

El pasado jueves, Eduardo Arturo Hernández dijo al diario digital Animal Político que fue invitado por el abogado Mario Ignacio Mata Martínez, para darle asesoría en la demanda de amparo relacionada con el documental Presunto Culpable.

Así, Eduardo Hernández se integró al equipo de abogados que logró la suspensión provisional concedida por la jueza 12 en materia administrativa, Blanca Lobo, en contra del documental aludido.

La agrupación política APIMAC pertenece al Movimiento Ciudadano Obradorista, encabezado por el también abogado Román Díaz Vázquez.

Este movimiento convoca constantemente a través de internet y de otros medios a sus "asambleas informativas", que tienen lugar todos los sábados a las 16:00 horas en el Hemiciclo a Juárez.

Sus comunicados siempre están rubricados con la leyenda "Gobierno Legítimo" y en ellos se refieren al ex candidato presidencial del PRD como "presidente López Obrador".

Los abogados del Movimiento Ciudadano Obradorista,  encabezados por Román Díaz Vázquez, presentaron en marzo del 2007 aproximadamente 800 demandas de amparo en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE, que modificaron el régimen de pensiones.

El juez primero de distrito en materia administrativa concedió un amparo a favor de cerca de ocho ciudadanos en contra del Senado, por negarles el derecho de audiencia solicitado dos días antes de la aprobación de las reformas.

Sin embargo, el amparo no tuvo ningún efecto práctico, pues la aprobación de las reformas ya era un hecho consumado.

En el 2010, los abogados del Movimiento Ciudadano Obradorista presentaron aproximadamente 500 demandas de amparo en contra del presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y tres secretarías de Estado.

Los quejosos alegaban que el salario mínimo aprobado por la CNSM era violatorio de la Constitución y provocaba carestía.

El pasado 11 de febrero, la jueza segundo de distrito en materia administrativa, Ana Luisa Mendoza Vázquez, admitió a discusión una de esas demandas, la que corresponde a la quejosa María de los Ángeles Ruiz.

El año pasado, esta misma jueza concedió un amparo a los ejidatarios de Tláhuac para que el Gobierno del DF les devolviera una parcela de dos mil 500 metros que les había expropiado para la construcción de la Línea 12 del Metro.

En la presentación de las demandas colectivas de amparo, los abogados del Movimiento Ciudadano Obradorista han usado la estrategia de mover las demandas de un juzgado a otro cuando no son admitidas.

Esa misma estrategia fue usada en el caso de Presunto Culpable. La demanda fue presentada primero en el Juzgado 10 de Distrito en Materia Administrativa, cuya titular negó la suspensión provisional.