Se van a cumplir diez años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y aparecen versiones fantasiosas sobre el hecho que, en realidad, encubren lo que realmente ocurrió aquel viernes 19 de enero en el penal de Puente Grande, en Jalisco. La fuga de El Chapo se inscribió en una estrategia marcada por las dudas y los errores que se cometieron en las primeras semanas de la administración de Fox: allí destacaban la decisión, errónea, de separar las áreas de seguridad de la Secretaría de Gobernación, dejando muchas zonas grises en la toma de decisiones y los espacios de responsabilidad; el enfrentamiento del nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, con prácticamente toda la estructura de seguridad que se había consolidado en los años anteriores: Wilfrido Robledo Madrid, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna y muchos otros; las diferencias profundas entre la naciente SSP, Gobernación y la PGR que encabezaba entonces el general Rafael Macedo de la Concha, y la creación de una suerte de consejo de seguridad nacional que encabezaba Adolfo Aguilar Zinser y que nunca se supo qué atribuciones tenía.
En esos días previos a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se divulgaron por televisión, entregados por un abogado defensor de Rafael Caro Quintero, videos donde se “denunciaban” las “duras condiciones” de los detenidos en Almoloya. Fue asesinado quien fue director de esa cárcel, Pablo de Tavira y quien fue su segundo, tanto ahí como en Puente Grande, Juan Castillo Alonso, quienes habían establecido esas “duras medidas” de seguridad en el sexenio que acababa de concluir. Quien participó activamente en la divulgación de esos videos fue el entonces director del penal de Puente Grande, Leobardo Beltrán Santana, quien había sido director de Almoloya cuando los filmaron.
El Chapo había sido trasladado a Puente Grande luego de un intento de fuga en Almoloya planeado en 1995. En el penal tapatío había construido todo un esquema de protección y seguridad en torno suyo, de Luis El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera, en el que participaban la mayoría de los custodios y las autoridades de esa cárcel. Fue entonces cuando se difundió, desde el ámbito federal, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Guadalupe Morfín, estaba solicitando que se disminuyeran las medidas de seguridad en Puente Grande.
En realidad, Guadalupe lo que estaba haciendo, tanto ante las autoridades de Jalisco como ante la Secretaría de Seguridad Pública y la CNDH, era denunciar ese sistema de protección y las agresiones que habían sufrido tres custodios que no habían aceptado participar en él y que habían presentado su declaración ante Morfín.
Las denuncias fueron ignoradas hasta que Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública, pero con enormes diferencias con el titular, Gertz Manero, fue a ver qué sucedía en Puente Grande a pedido expreso de Morfín. Tello Peón, al llegar a Guadalajara, tuvo una reunión con Beltrán y otra con Morfín, escuchó el testimonio de los celadores que estaban protegidos por la Comisión local de Derechos Humanos y pidió refuerzos urgentes de la Policía Federal para retomar el control de esa prisión. Esos refuerzos llegaron en la noche y el operativo se instaló cerca de las 22.30 horas. A las 21.45 se había visto por última vez a El Chapo en Puente Grande. Ahora sabemos que a esa hora se trepó a un carro de lavandería, salió del penal y abordó un carro que lo estaba esperando. Se fugó media hora antes de que se estableciera el nuevo mecanismo de seguridad en el penal. Pero incluso así tuvo mayor protección: las autoridades de Puente Grande tardaron ocho horas en buscarlo dentro de la cárcel y más aún en dar la voz de alerta a Tello, la PGR y a la Sedena, que se enteraron de la fuga hasta las ocho de la mañana del día siguiente. La fuga se dio en forma intempestiva, porque se enteraron, por las autoridades del penal, del operativo que había ordenado Tello Peón.
Consecuencia de la fuga, calificada por el procurador Macedo de la Concha y por Tello Peón como una historia de “brutal traición y corrupción”, Macedo y Gertz terminaron profundamente distanciados; Tello renunció a la SSP y se alejó del sector público hasta hace unos pocos años; García Luna dejó la Secretaría para irse a crear la AFI, con prácticamente todos los mandos originales de la PFP; Robledo Madrid también dejó la SSP y regresó a la Secretaría de Marina. Beltrán estuvo preso, junto con numerosos custodios de Puente Grande, hasta hace poco.
Hoy se busca reescribir la historia, aunque la misma está documentada, tiene pocos héroes (Morfín, Tello) y muchos villanos y fue consecuencia de la corrupción y de una visión revanchista sobre una política de seguridad que se había iniciado el sexenio anterior con buenos resultados.