No hay duda de que en el humano existe un sentimiento natural de venganza. El “ojo por ojo” bíblico no es gratuito. Cuando la sociedad se siente azotada por los criminales, es lógico que haya mucha gente que piense que la solución consiste en que las fuerzas del orden desaparezcan, torturen y hasta ejecuten a los delincuentes más violentos. No importa, incluso, que policías o soldados cometan errores en el camino con gente inocente. La guerra y la venganza lo justifican todo.
Creo que los que piensan así están equivocados. Tanto estratégica como moralmente hablando. Si la violencia se ataca únicamente con violencia, se echa a andar un círculo vicioso que sólo incrementa más las penurias de la sociedad. Bien lo resumió Gandhi: “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”. En México, como en cualquier lugar del orbe, ni la criminalidad ni la violencia asociada a ésta se van a resolver con una política de policías y militares abusando de su poder, violando de manera generalizada los derechos humanos, tanto de presuntos criminales como de inocentes que estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y eso es precisamente lo que encontró Human Rights Watch (HRW) en su informe sobre México publicado ayer:
• “HRW encontró evidencia de un aumento significativo de casos de violaciones de derechos humanos desde que Calderón inició su ‘guerra contra el crimen organizado’.
• Los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados. Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública.
• En los cinco estados analizados [Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco] se observó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas.
• HRW obtuvo pruebas creíbles de tortura en más de 170 casos en los cinco estados. Las tácticas documentadas —que en general incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte— son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.
• Durante este lapso, las víctimas son a menudo mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.
• La evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país.
• HRW documentó 39 ‘desapariciones’ en las cuales existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad.
• En 24 casos, HRW obtuvo pruebas creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, y en la mayoría de los casos, intentaron encubrir los delitos.
• Estas muertes se clasifican en dos categorías: civiles ejecutados por autoridades o que murieron como resultado de torturas, y civiles que murieron en retenes militares o durante enfrentamientos armados donde hubo un uso injustificado de la fuerza letal en su contra.
• En la mayoría de estos casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza.
• En algunos casos, las investigaciones sugieren claramente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían manipulado la escena del crimen para simular que las ejecuciones extrajudiciales eran ejecuciones perpetradas por cárteles de narcotráfico rivales.”
¿Ese es el país que queremos? Yo no tengo duda: por supuesto que NO.
Mañana explicaré la dimensión moral de los hallazgos de HRW, incluida la respuesta del presidente Calderón al considerar que “los criminales son la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos”.
La retórica peligrosa del presidente Calderón
LA HISTORIA EN BREVECiro Gómez Leyva
Más de una vez critiqué aquí la vaguedad de los juicios y la
insuficiencia de casos concretos en los reportes anteriores
de Human Rights Watch. Pero el informe, titulado “Ni derechos ni
seguridad (asesinato, tortura y desapariciones en la guerra de
las drogas)”, es sólido, estruja.
No me detengo en la estadística, bien articulada, de las 39
desapariciones “en las cuales existen pruebas contundentes
de que habrían participado las fuerzas de seguridad”. O en las
24 ejecuciones extrajudiciales con “pruebas creíbles”.
Lo medular, pienso, está en la investigación que deja ver cómo los
familiares de los desaparecidos son objeto de tratos
“particularmente crueles”, y que pone luz sobre la inoperancia, si no
es que futilidad, de las comisiones de derechos humanos. Y, desde
luego, en la documentación de que la mayoría de las víctimas han sido
jóvenes de origen humilde.
Un documento así vuelve muy difícil rebatir la que quizá sea la frase
política esencial de las 214 páginas: “A pesar de que no se investigan adecuadamente los casos de violaciones de derechos humanos, es
habitual que funcionarios gubernamentales desestimen las denuncias
de las víctimas como falsas y describan a las víctimas como
delincuentes.
El modelo para este discurso contradictorio ha sido proporcionado
por el presidente Calderón, quien por una parte ha reconocido a los derechos humanos como la ‘premisa mayor’ de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada y, por otra parte, ha expresado su disgusto ante denuncias que ‘no son ciertas’ de abusos cometidos por militares”.
Una retórica peligrosa, según Human Rights Watch, reproducida
por funcionarios civiles y militares en todos los niveles.
Y eso es absolutamente cierto.
AQUI EL INFORME COMPLETO DE HUMAN RIGHTS WATCH: